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Cientos de jefas de familia madrugaron en busca del apoyo estatal; solo se entregaron 50 fichas por día.
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Ciudadanas señalan favoritismo de “Servidores de la Nación”, venta de lugares y falta de filtros socioeconómicos reales.
Lo que prometía ser una jornada de apoyo y alivio económico para las mujeres en situación de vulnerabilidad en Baja California, se convirtió en un escenario de desorganización, prepotencia e indignación social. El pasado lunes 27 de julio, la Secretaría de Bienestar Social del Estado, bajo la administración de la Gobernadora Marina del Pilar, dio inicio al proceso de registro para la Tarjeta Violeta, programa destinado a madres solteras, viudas, divorciadas o separadas.
Sin embargo, la alta expectativa se topó de frente con una severa limitante logística: las autoridades determinaron entregar únicamente 50 fichas de atención por día, provocando que cientos de solicitantes pernoctaran en la vía pública para intentar alcanzar un turno.
Abuso de autoridad y favoritismo en las filas
Durante la jornada, diversas asistentes denunciaron públicamente anomalías y tratos despóticos por parte del personal encargado de la atención. Entre los testimonios recabados, destaca el caso de una solicitante a quien una funcionaria le rompió la hoja de registro con todo e id de folio frente a los presentes, argumentando molesta la falta de un acta de divorcio, sin ofrecerle orientación ni alternativa alguna.
A la par de los malos tratos, la desesperación derivó en irregularidades como la venta de lugares en hasta $400 pesos por personas ajenas al proceso.
La indignación escaló cuando ciudadanas que llevaban horas formadas observaron a personas ingresar de manera directa al plantel del COBACH sin hacer fila, siendo recibidas y canalizadas por una Servidora de la Nación. El hecho generó reclamos inmediatos por parte de las afectadas, quienes encararon a la funcionaria por la evidente falta de respeto a su tiempo y esfuerzo.
Cuestionan falta de filtros socioeconómicos
Entre la concurrencia también se señalaron inconsistencias respecto al perfil de las beneficiarias. Testigos manifestaron su molestia al detectar a solicitantes que acudían en vehículos de lujo o del año a gestionar el recurso, mientras que otras mujeres en extrema necesidad económica eran rechazadas por la falta de fichas. Asimismo, se observó la presencia de solicitantes acompañadas por sus parejas sentimentales o los padres biológicos de sus hijos, desvirtuando el propósito del programa enfocado en madres en desamparo.
PERSPECTIVAS: Las preguntas que la autoridad debe responder
Ante los hechos registrados en este arranque de programa, quedan sobre la mesa serios cuestionamientos para la gestión estatal y los delegados federales:
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¿En qué se diferencia el presente gobierno de los anteriores esquemas políticos, si las prácticas de influyentismo, “palancazos” y trato despótico continúan vigentes en los módulos de atención?
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¿Por qué no se implementa una investigación socioeconómica profunda y certera para verificar la vulnerabilidad real de los aspirantes, garantizando que el recurso público no termine en manos de quien no lo necesita?
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¿Hasta cuándo actuarán con empatía y humanismo los llamados “Servidores de la Nación”, honrando los valores que pregonan en lugar de ejercer un trato despectivo hacia la ciudadanía?
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¿Qué medidas correctivas aplicará la Gobernadora Marina del Pilar para sancionar a los funcionarios responsables y reestructurar la atención en los programas sociales del estado?
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